Consejo de Desarrollo Urbano define nudos por resolver en ciudades chilenas: institucionalidad obsoleta, sectorialismo y segregación
Por Manuel Valencia.
Presidente de la entidad dice que si no se generan cambios, la agenda de la ONU será letra muerta:
La nueva carta de navegación definida en Quito plantea que en 20 años deben mejorar el estándar de vida y las oportunidades para los habitantes de las urbes del mundo, incluyendo las chilenas. En el mismo plazo, propone extender la sustentabilidad.
Los buses biarticulados que cruzan la capital de Ecuador de norte a sur de inmediato evidencian el tipo de institucionalidad que gobierna la ciudad: sus letreros digitales dejan leer “Alcaldía de Quito” y confirman que es el municipio metropolitano el que administra el transporte público. Una realidad distante del sistema chileno, en el cual el ministro de Transportes prácticamente está dedicado al Transantiago, que es administrado sectorialmente.
En este tipo de peculiaridades chilenas radican las mayores piedras de toque para avanzar en el desarrollo de las ciudades del país, según lo advierte Luis Eduardo Bresciani, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, tras el mandato de Naciones Unidas, expresado en la nueva agenda para el desarrollo de las ciudades a 20 años, que se firmó en la cumbre mundial de Quito.
En su opinión, si no se implementan cambios institucionales, como la transferencia de potestades del gobierno central a las regiones y las ciudades, la agenda urbana definida en ONU Hábitat III y la misma política nacional de desarrollo urbano, firmada en 2013 en Chile, serán letra muerta.
“La nueva agenda urbana planteada por la ONU tiene las mismas virtudes, pero las mismas falencias de la política nacional de desarrollo urbano en nuestro país. Presenta una visión integral, comprehensiva de cuáles son los desafíos de la ciudad en los próximos 20 años. Por lo tanto, rompe las barreras de lo sectorial y las políticas públicas dispersas, pero requiere avanzar en una agenda de implementación”, critica.
Bresciani detalla que el actual sistema chileno de políticas públicas es “disperso, centralizado y sectorial”. Y añade: “Funcionó muy bien para las demandas de las ciudades en los últimos 50 años, pero hoy es absolutamente insuficiente y obsoleto para las demandas de la ciudad de los próximos 20 años, porque no integra problemas y no está basado en que el liderazgo de las soluciones radique en las ciudades y la comunidad. Por eso, la transferencia de poder desde el gobierno nacional y los ministerios hacia los futuros gobernadores regionales y alcaldes es la reforma más importante que se requiere en Chile para que una agenda como la planteada por las Naciones Unidas se cumpla”.
A eso añade que se debe cambiar la forma de planificar la ciudad. “Es la única clave para que la ciudadanía y las instituciones puedan implementar las ideas, y eso implica justamente romper con las barreras del sectorialismo, en que transportes, vivienda o infraestructura tienen instrumentos y planes difíciles de coordinar. Eso se traduce más bien en conflictos. Por lo tanto, la clave es avanzar más hacia instrumentos de planificación integrados y liderados en su implementación por las autoridades de las ciudades”.
Para eso, dice que es fundamental crear instancias permanentes de participación de la sociedad civil y el sector privado bajo la forma de consejos consultivos de las ciudades y áreas metropolitanas, para que la participación de las personas “deje de ser meramente informativa y fragmentada”. En esa nueva figura, los ciudadanos podrían hacerles seguimiento a las políticas urbanas y control a las metas que las ciudades se plantean. Asimismo, tendrían la capacidad de funcionar como órganos asesores de las autoridades públicas.
Adicionalmente, Bresciani dice que para reducir la desigualdad urbana el Estado debe priorizar mucho más el gasto en ciudades por los próximos 20 años.
La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, asegura que se trabaja en reforzar las acciones de cada escala. “Los gobiernos locales son decisivos en materias que dicen relación directa con el desarrollo de las ciudades y la equidad. Por ejemplo, apoyar la capacidad de tener instrumentos de planificación territorial. En el ámbito de la vivienda puedan tener incidencia en generación y mantención de espacios públicos, en políticas destinadas al tratamiento de residuos, la capacidad de acercar las políticas de las personas y las comunidades. También, es importante un gobierno regional que tenga capacidad de tener una visión conjunta del territorio de la región y armonizar las políticas sectoriales en función de los atributos y los puntos de tensión, y un gobierno nacional que sea fuerte para decir cuáles son los derechos que queremos garantizar y los avances para generar iguales oportunidades”.
Tiempos políticos
En los dos años que lleva en funcionamiento, el Consejo de Desarrollo Urbano ha participado en los proyectos de ley con los que se busca corregir la especulación y la falta de transparencia del mercado de terrenos (una iniciativa que lograron enviar por la polémica del caso Caval).
Sin embargo, en otros aspectos delineados por la política nacional de desarrollo urbano (cuyas recomendaciones de implementación son la tarea central del Consejo), los resultados han sido lentos.
Bresciani advierte que estos primeros cambios son los más complejos, porque se vinculan a cesiones de poder político.
Su implementación -asegura- está limitada por los ciclos de los gobiernos. “Los gobiernos de cuatro años están incapacitados para implementar reformas profundas en el largo plazo (…). Nuestra expectativa es que el gobierno actual tome las ideas de consenso planteadas y avanzar en las materias que sean viables dentro del año y medio que le queda, pero también queremos establecer una plataforma para que el próximo gobierno se haga cargo de implementar esta agenda. Si el próximo gobierno no asume como suya la agenda de cambios institucionales que las ciudades requieren, las reformas en planificación y equidad urbana, ninguna de estas propuestas va a ser viable dentro de los próximos 20 años”, dice.
CUMBRE
La cita en Quito fue la tercera de una serie antecedida por Vancouver 1976 y Estambul 1996. Nueva agendaLa Declaración de Quito, suscrita por 193 países, promueve el crecimiento urbano planificado y busca aumentar la capacidad de respuesta ante eventos naturales y causados por seres humanos.
Además, promueve la integridad de inmigrantes y refugiados; el desarrollo de la energía limpia y del uso racional de recursos.
Principales “piedras de toque” de la nueva agenda urbanaSegún la ministra Paulina Saball, los mayores desafíos de la nueva agenda urbana definida por la ONU dicen relación con la segregación, el suelo y la planificación urbana. “No solamente tenemos que ocuparnos de lo que vamos a hacer a futuro, sino cómo mejoramos lo que ya tenemos. Requerimos mayores y mejores herramientas para plantearnos no solo el mejoramiento y recuperación de barrios, sino que regeneración de áreas de la ciudad, para que la ciudad construida sea de mayor estándar, calidad, con mayor equidad, y no tengamos que seguir extendiéndola hasta el infinito”, comenta.
Experto llama a poner el foco en rol de autoridades localesA juicio de Luis Eduardo Bresciani, el documento que define los objetivos para las ciudades del mundo hasta 2036 comete el equívoco de seguir poniendo un énfasis en los gobiernos nacionales en lugar de los locales.
“En el futuro esto debe ser una agenda más bien de las autoridades de las ciudades. Otra debilidad, desde el punto de vista latinoamericano, está en la neutralidad respecto de la grave deuda de la desigualdad”, plantea el especialista.
Relatora de la ONU proclama a la vivienda como “un derecho humano”Entre los aspectos que no quedaron consagrados en la propuesta urbana, hay algunos relacionados con derechos a la vivienda, un cambio de tono que, según los países que lo propusieron, como Brasil, habría permitido exigir a las autoridades un acceso digno para habitar. “Millones de personas que han quedado sin hogar o han sido forzadas a vivir en condiciones intolerables de alojamiento han sido tratadas como el problema. El cambio requiere un paradigma diferente. Los que están sin hogar y alojados inadecuadamente deben ser tratados como titulares de derecho”, dijo Leilani Farha, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada.
