“Ley Uber” incluye creación de polémico fondo que beneficia al gremio de taxistas
Por Manuel Valencia
Iniciativa que legaliza y regula las aplicaciones entró ayer al Congreso y busca ser aprobada el próximo año:
Después de medio año de protestas, conflictos, anuncios postergados y hasta una comisión de expertos en el Senado, finalmente el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que regula la operación de aplicaciones tecnológicas de transportes, como Uber y Cabify. El Ejecutivo apunta a que la iniciativa se apruebe el primer semestre del próximo año.
Contrario al tono crítico que tuvo el ministro de Transportes, el documento de 25 páginas reconoce que los servicios son “bien valorados en términos de seguridad, disponibilidad y transparencia en los mecanismos de cobro y calidad de servicio”. No obstante, establece un marco regulatorio que incluye la creación de un “fondo para la innovación del transporte remunerado de pasajeros”, que se financia con los pagos que deberán hacer las aplicaciones por “externalidades”, como la congestión que generan los autos por usar la vialidad pública.
Los recursos de este fondo serán destinados al gremio de taxistas, para renovar vehículos, incorporar tecnologías e incluso retribuir el gasto por permisos de taxis que cuestan en torno a $10 millones, por el congelamiento del parque. Un monto que se devaluaría al permitir legalmente la operación de Uber o Cabify.
Abogados consultados por “El Mercurio” advierten que la creación de este fondo podría ser una disposición inconstitucional. Para Enrique Navarro, profesor de derecho constitucional de la U. de Chile, “es un tributo y los tributos no pueden tener un destino específico; deben recaudarse e ir a un fondo común”.
Patricio Zapata, constitucionalista, dice que los pagos que se definen en el proyecto “no parecen ser una multa o una tasa, sino un tributo. Hay un precedente, sin embargo, sui generis , en que el Tribunal Constitucional aceptó el cobro del rubro de las aseguradoras, para Bomberos, y lo llamó gravamen especial. Vincular esto va a requerir un esfuerzo, porque en este caso es menos evidente. Aquí se podría plantear que unos competidores subsidian a otros”, afirma.
Los taxistas, no obstante, observan en este fondo una compensación por el daño que -dicen- les ha generado la irrupción de las aplicaciones. “La retribución está bien por el mal causado, pero no sabemos si nos van a cubrir el 100% de los recursos. Nuestros ingresos han bajado un 45%”, afirma Luis Reyes, presidente de la Confederación de Taxis de Chile (Confenatach).
El proyecto también establece un sistema de diversas multas, que van desde la suspensión de la licencia de conducir al retiro de los vehículos.
Gloria Hutt, ex subsecretaria de Transportes, dice que cobrar a los autos de Uber por congestionar “es discriminatorio, porque los taxis congestionan. Tampoco se entiende por qué no se exige un auto de alto estándar también a los taxis. El fondo de innovación no es claro si es un impuesto y no se define bien quién lo administra”.
Raimundo Cruzat, especialista en transportes, asegura que la iniciativa “es una declaración de buenas intenciones. Cómo va a saber un carabinero si un auto es Uber, o si ha recorrido más de los kilómetros limitados en días de congestión. Es poco practicable y una recarga para Carabineros y los Juzgados de Policía Local”.
Ayer, a través de un comunicado, Uber se refirió al proyecto: “Nos preocupan algunos requisitos que limitan la posibilidad de los chilenos de acceder y elegir viajes seguros, confiables y con precios cómodos”.
DetallesRegistro
El proyecto obliga a las empresas tecnológicas a inscribirse en la Subsecretaría de Transportes. En el registro estarán los datos de representantes para fiscalizar a las firmas.
Definición
Las compañías como Uber deberán prestar servicios con “elevados niveles de confort y tecnología”, lo que será determinado por el Ministerio de Transportes. Los viajes no podrán ser pagados en efectivo.
Sanciones
Los conductores sin licencia profesional serán multados con la suspensión de sus licencias por hasta 180 días. Si una empresa no está inscrita en el registro, deberá pagar hasta 10 mil UTM ($459 millones). A los choferes que alteren taxímetros se les sancionará con la cancelación del registro de vehículos.
Pago
El Panel de Expertos del Transantiago deberá definir un monto que las empresas pagarán por el uso de la vía pública. Esa suma será destinada al polémico fondo de innovación que beneficia a los taxistas.
Información
Las firmas deberán entregar al Ministerio de Transportes datos de los patrones de viajes, que serán usados por la autoridad para la gestión de tráfico y el diseño de políticas públicas.
