“Ley Uber”: radiotaxis anticipan “descalabro” y especialistas piden cambios en el proyecto
Por M. Valencia, S. Sottorff y M. J. Campano, El Mercurio.
Ex ministros y académicos señalan que el proyecto ingresado ayer por el Gobierno es impreciso
Empresas de aplicaciones tecnológicas advierten que si se aprueba como se envió podría afectar a los clientes que utilizan estos sistemas y acabar con el negocio. Expertos instan a mejorar la iniciativa en el Congreso.
Aún no comienza la discusión paralementaria del llamado “proyecto de ley Uber”, y la propuesta del Ministerio de Transportes ya genera rechazo por parte de actores involucrados y especialistas.
La iniciativa establece la legalización de las plataformas tecnológicas como Uber y Cabify, a través de una regulación que incluye la creación de un registro para las empresas, la exigencia de una licencia profesional para los conductores y un pago por kilómetros recorridos que financia un nuevo fondo destinado al gremio de los taxistas.
Abogados consultados por “El Mercurio” pusieron en duda la constitucionalidad de esta medida. Frente a esto, el Ministerio de Transportes respondió por escrito -declinó hacerlo en una entrevista con el ministro Andrés Gómez-Lobo- que “la creación del fondo se establece conforme corresponde a través de una ley. Los recursos que lo conforman también se explicitan en ella, de acuerdo a lo prescrito en la Constitución”.
Además de estas disposiciones, el proyecto incluye otras que se enuncian, como la prohibición de viajes colectivos en autos con plataformas, la limitación de los kilómetros recorridos en días de alta congestión o un sistema de multas.
Raúl Vásquez, presidente de la Asociación Gremial de Radiotaxi Ejecutivo de la Región Metropolitana (Artem), dice que el proyecto de ley generará un “descalabro” en su sector. “Es un traje a la medida para Uber o Cabify. Esto ya nos ha dejado pérdidas de 20%, al menos. A nosotros nos impiden tarificar con tecnología, no nos dan las mismas opciones. Queremos que entren más autos, pero legales, porque de cinco mil taxis que se inscribieron como ejecutivos en 2005, hoy hay 3.500. Existe espacio para crecer, pero en la legalidad, que no hace necesario un proyecto de ley”, afirma.
Desde las aplicaciones también expresaron disconformidad. Agustin Guilisasti, gerente general de Cabify, plantea que “el cobro por kilómetros recorridos se sustenta en una externalidad negativa de congestión que no compartimos. Cada Cabify elimina 10 autos de las calles. Somos una alternativa al auto y nos complementamos con el transporte público. También el cobro por el panel de expertos nos pone un freno como industria porque deja de ser competitiva”.
Visión experta
Raimundo Cruzat, especialista en transportes del MIT, dice que lo lo más lamentable del proyecto “es desperdiciar otra oportunidad para modernizar nuestro sistema de movilidad, fomentando la integración tarifaria y de medio de pago, con la tarjeta bip. Este proyecto trata de resolver un hecho consumado, y lo hace mal, en vez de mirar hacia el futuro”.
Jerko Juretic, especialista en transportes de la U. de Chile, asegura que “no se entiende por qué se usa una ley si hoy el ministerio tiene las facultades para regular las aplicaciones con las herramientas actuales. Al restringir el pago en efecivo, se establece una discriminación para quienes no tienen acceso al crédito”.
Visión de consumidores y de académico
La directora de Conadecus, Laura Medel, dice que faltaba otro competidor en el mercado del transporte, pero advierte que “es algo que no puede dejarse hacer libremente”. Felipe Bravo, profesor de derecho económico UC, dice que el proyecto “es poco claro en la forma de establecer los requisitos para que se ofrezca el servicio”. Ex ministros de TransportesPedro Pablo Errázuriz
“Éste es un cambio tecnológico muy profundo, que da una mejor calidad de servicio, que se evalúa. Esto redunda en menores costos. Más allá de que pongan restricciones, el servicio se va a imponer, porque es como restringir internet para proteger el fax. Por supuesto que hay que emparejar la cancha, con la exigencia de una licencia profesional para conductores, pero imponer un impuesto es ilegal. Todas las interferencias que se pongan a la modernización son costos para las personas”.
Felipe Morandé
“Regular en demasía este tipo de aplicaciones es como tapar el sol con un dedo, porque el avance tecnológico en todos los ámbitos, si no se manifiesta en Uber, se manifestará en otras formas. Ahora, me parece razonable poner normas mínimas de seguridad a los vehículos y calidad de los conductores. Pero establecer un impuesto por circulación, congestión o contaminación, no se justifica. Uber optimiza el uso de los vehículos, de modo que estén el menor tiempo posible en la calle dando vueltas y sin prestar servicio. Ese impuesto no se justifica de ninguna manera y es una barrera de entrada que solo favorece a quienes hoy operan un taxi corriente”.
