Bonistas de Alsacia demandan al Fisco por cambios en contratos del Transantiago
Por M. Miranda.
Acción pide la “nulidad” del acuerdo y el pago de US$ 364 millones como reparación.
“El gobierno de Chile -en el actuar del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT)- no sólo traicionó la confianza de las empresas que se adjudicaron en su tiempo, sino la confianza depositada por los inversionistas extranjeros interesados en participar en el financiamiento de la implementación del nuevo sistema de transporte público”, señala parte de la argumentación de la demanda civil que presentaron el viernes pasado los bonistas de la empresa Alsacia, una de las operadoras del Transantiago, contra el Estado.
La acción legal, presentada por Gabriel Zaliasnik, entre otros abogados, fue ingresada en el 23 Juzgado Civil de Santiago y busca la “nulidad de derecho público”, esto es dejar sin efecto las modificaciones en los contratos que realizó el Ministerio de Transportes con las empresas del Transantiago en el año 2011. A juicio de los demandantes las exigencias requeridas en dicho documento generaron una situación financiera adversa para las empresas Alsacia y Express, ambas administradas por inversiones Alsacia.
Esto último, agrega el texto, impide el pago de bonos que la firma vendió a inversionistas de Estados Unidos por US$ 364 millones. Se trata del mismo monto que los bonistas exigen que el Fisco pague como indemnización de perjuicios. Además, piden que se considere discutir el monto del daño emergente.
En 2011 se detallaron 10 modificaciones en los contratos, entre ellas que el 70% de los ingresos de las concesionarias del transporte público fuera por pasajero transportado, derogando el ingreso mínimo garantizado por sólo prestar el servicio. Otro punto fue la calidad del servicio, generando descuentos por mala gestión, además, se responsabilizó a las firmas de la evasión obligándolas a tener planes y programas para evitar el no pago del pasaje.
Estas modificaciones, según la demanda, fueron “impuestas de manera unilateral y abusiva” por parte del ministerio a las empresas para mejorar el servicio prestado. El texto añade que esto “esconde, en una pretendida finalidad pública, el ilegítimo traspaso de obligaciones y responsabilidades del órgano administrativo en particular, con el sólo fin de liberarse de las mencionadas obligaciones y, por supuesto, del escrutinio público”.
Las modificaciones al contrato significaron también una indemnización que pagó el Estado a cada una de las empresas aludidas. En el caso de Alsacia, dicho monto fue de más de $ 9 mil millones. Sin embargo, la demanda también acusa que el mismo 2011, Alsacia registró pérdidas por la misma cifra y que sumada al déficit histórico de la empresa llegó a $ 54 mil millones.
