Privados construirán 221 proyectos habitacionales en 67 comunas con subsidios Minvu
Programa de Integración Social y Territorial levantará 36 mil viviendas en doce regiones.
En su cuenta pública del 21 de mayo pasado, la Presidenta Michelle Bachelet anunció la implementación de un nuevo programa habitacional que buscaría la generación de conjuntos de viviendas sociales integrados, con opciones para familias de distintos sectores socioeconómicos y en áreas de la ciudad bien localizadas, cercanas a centros educacionales, de salud, transporte y áreas verdes. Estas serían construidas con la participación de desarrolladores privados y susceptibles de comprar con subsidios del Estado.
Así, el Programa de Integración Social y Territorial (D.S.19), del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), recibió en septiembre 324 propuestas, de las cuales fueron seleccionados 221 proyectos que, en total, construirán 36.071 viviendas nuevas en 67 comunas del país. Si bien el 51,2% de las iniciativas se concentra en las áreas metropolitanas de Santiago, Valparaíso y Concepción, el programa registra proyectos en comunas como Ovalle, Limache, Llay Llay, Rengo, Romeral, Hualqui, Yumbel, Angol y Castro, entre otras (ver infografía).
“Esta es la continuación del Programa Extraordinario de Integración Social y Reactivación Económica (D.S.116), que va a tener un carácter permanente. Esto nos permitirá disponer de opciones en ciudades donde no había oferta para viviendas con subsidios y en un lapso de tiempo acotado, ya que estos proyectos deberían ser entregados en 18 meses”, explicó la titular de la cartera, Paulina Saball.
Asimismo, agregó que “al término del mandato de la Presidenta Bachelet podremos contar con más de cien mil viviendas nuevas construidas gracias a los dos programas de integración”.
El 27% de las unidades habitacionales que se construirán serán destinadas a familias de sectores vulnerables y tendrán un valor de hasta 1.100 UF; el 17,7% será para sectores emergentes, con viviendas de entre 1.200 y 1.400 UF (1.300 y 1.500 UF en Atacama y Magallanes); y el resto para sectores medios, con viviendas de hasta 2.200 UF (2.400 UF en regiones extremas). El Minvu entregará a las familias subsidios de hasta 500 UF, según el tramo, que deben ser complementados con ahorro y crédito hipotecario en el caso de los sectores con más ingresos.
“La participación de constructoras privadas es importante. Ellas disponen de los terrenos y del diseño de los proyectos y nosotros les adelantamos un préstamo de 300 UF por unidad para comenzar las obras. Así se va a movilizar una inversión público privada importante, equivalente de US$ 2.130 millones y que generará cerca de 90 mil empleos”, puntualizó Saball.
Para el académico y urbanista Iván Poduje, “esto demuestra que es posible hacer mixtura social en los barrios y permite resolver los serios problemas de localización que estaban teniendo las viviendas de menor precio y que al asociarlas a otras de mayor valor pueden ubicarse en áreas más céntricas”.
El director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno, opina que “esta es una importante iniciativa para hacer frente a la segregación social (…) y espero que se priorice a familias según su grado de necesidad de vivienda, como las que viven en campamento”.
Tarapacá y Antofagasta
De las tres regiones en donde no se presentaron proyectos, Tarapacá, Antofagasta y Aysén, las dos primeras se debe al alto valor del suelo. Según Pablo Alvarez, gerente de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción, esto “es consecuencia de los planes reguladores comunales muy antiguos, que no permiten que se generen iniciativas de viviendas menores a 2.000 UF”. Agregó que “el suelo disponible está en manos del Estado, por lo que la solución es actualizar estos instrumentos, y que el Ministerio de Bienes Nacionales haga licitaciones condicionadas de los suelos en su poder para construir viviendas sociales”. El Minvu informó que en Antofagasta y Calama el gobierno regional trabaja en un proyecto para la construcción de cerca de seis mil nuevas viviendas en terrenos del Estado.