Diputados aprueban polémico proyecto de ley que reforma el actual Código de Aguas
Por Luis Musquiz.
Iniciativa legal pasó a discusión en el Senado para cumplir su segundo trámite:
Tras cinco años desde su presentación, la iniciativa tuvo el voto favorable de 63 parlamentarios, el rechazo de 32 y tres abstenciones.
Polémica ha generado la discusión del proyecto de ley que busca modificar el Código de Aguas. Sin embargo, pese a las críticas y protestas en contra de la iniciativa legal, esta fue aprobada en la Sala de la Cámara de Diputados. Así, pasará a cumplir su segundo trámite constitucional al Senado. La votación en general del proyecto fue de 63 votos a favor, 32 en contra y tres abstenciones. Mientras la Nueva Mayoría votó a favor de la iniciativa, junto con varios de los diputados independientes cercanos a la centro izquierda, Chile Vamos se inclinó por ir en contra del proyecto. Además, muchos parlamentarios se abstuvieron de ejercer su derecho a votar. Posteriormente, el proyecto de ley fue visado en particular. Con esta decisión, se pone fin a los cinco años desde que la iniciativa fue presentada para su tramitación.
Las críticas que genera la iniciativa se vinculan con el supuesto carácter expropiatorio que algunos sectores le atribuyen al proyecto y a las excesivas facultades que se le otorgarían a la Dirección General de Aguas (DGA). Otros, sin embargo, valoran que esta modificación prioriza la función de subsistencia que tiene el agua para los seres humanos.
De acuerdo con el propio proyecto de ley, diversos son los aspectos centrales que tiene esta iniciativa. Entre sus pilares, destaca el carácter público que tiene el agua. Así, se reconoce como un bien nacional de uso público en cualquiera de sus estados -incluso los glaciares- y es posible conceder y restringir los derechos en función del interés público.
La priorización de la función de subsistencia también es uno de los ejes de la iniciativa legal. Esta consagra el derecho de acceso al agua potable y al saneamiento. También, limita su ejercicio cuando hay escasez.
Además, se potencian las facultades de la DGA. Por ejemplo, en caso de aguas subterráneas, podrá limitar las extracciones si hay una degradación del acuífero. En tanto, para las aguas superficiales, la entidad podrá redistribuir las aguas cuando el río se encuentre seccionado.
Asimismo, se sanciona la llamada tenencia ociosa de derechos de aprovechamiento, aumentando el cobro de patentes. Además, los derechos caducarán si no se inscriben en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces en cierto plazo.
Tras la aprobación, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, sostuvo que “nadie pudo identificar un artículo o un inciso que resultara de carácter expropiatorio”. El secretario de Estado agregó que la iniciativa busca “hacer más equitativo el acceso a un recurso escaso que es el agua”.
“Nadie pudo identificar un artículo o un inciso del proyecto de ley que resultara de carácter expropiatorio”.
CARLOS FURCHE
MINISTRO DE AGRICULTURA
Rechazo transversal en el mundo empresarial a la normativaUn fuerte rechazo generó en el mundo empresarial la aprobación de la reforma al Código de Aguas ayer en la Cámara de Diputados. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) afirmó que es una iniciativa inconstitucional, que atenta en contra de derechos adquiridos.
“Con este proyecto se busca que todos los derechos de agua sean una concesión administrativa temporal, contraviniendo la especial protección que le otorga nuestra Constitución al derecho de propiedad (…) Nos preocupa la aprobación de estas normas inconstitucionales que prorrogan el clima de incertidumbre, afectando las expectativas, con el consiguiente grave impacto en el crecimiento de nuestra economía”, dijo Juan Pablo Matte, secretario general de la SNA. En el gremio piden que el Senado evalúe los reales alcances que ello tiene para los principales tenedores de los derechos de aprovechamiento de aguas, que son alrededor de 350 mil regantes, de los cuales dos tercios son pequeños agricultores y cerca de 30% medianos propietarios, señalan.
“El consumo humano siempre está por delante y ese no es el problema. El problema es convertir un derecho que se tiene en algo precario. Relativizar un derecho que tienen las empresas y puede afectar el desarrollo agrícola de forma importante”, agregó por su parte el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock.
La preocupación es compartida por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes. Afirma que hoy los derechos de agua deben estar protegidos como derecho privado. “Eso es algo que tiene que ver con la propiedad privada, y estamos absolutamente preocupados de que los proyectos que están en el Congreso vayan a generar un cambio, eso nuevamente genera incertidumbre en los actores económicos”, dijo Mewes.
Por su parte, el gerente general de Agrosuper, José Guzmán, sostuvo que “cualquier elemento que altere la seguridad que tienen los empresarios respecto de los recursos que utilicen como el agua, el suelo y otras, cualquier ruido que se produzca sobre la verdadera soberanía de esos elementos, altera las perspectivas o modifica los criterios con que se evalúan los riesgos de las inversiones”.
