Santiago inicia su expansión en 10 mil hectáreas hacia el norte, sur y el poniente
Por Manuel Valencia.
Seis planes maestros ya han ingresado al Minvu:
Plan Regulador Metropolitano (PRMS), aprobado en 2013, permitió el incremento de superficie de la capital, que proyecta 1,6 millones de habitantes más hacia 2030. Nuevos proyectos deben cumplir condiciones como obras de vialidad, áreas verdes y un 8% de viviendas sociales para asegurar su integración social.
Ya se han cumplido tres años desde que la Contraloría aprobara un extenso -y polémico- crecimiento de superficie para la capital. A fines de 2013 una modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS 100), permitió sumar 9.444 hectáreas de suelo agrícola al radio urbano y reconvertir otras 790 hectáreas de paños industriales para habilitar en esos suelos varias zonas de desarrollo inmobiliario y de servicios.
Con este incremento se proyectaba hacia 2030 sumar viviendas para 1,6 millones de personas.
Pero esas auspiciosas proyecciones se toparon, desde la aprobación, con la queja de los inmobiliarios. Los terrenos fijaban una densidad de apenas 16 habitantes por hectárea que hacía casi inviable, en términos comerciales, cualquier proyecto. La situación solo cambiaba a una densidad de 160 habitantes por hectárea si los proyectos cumplían con un nuevo modelo de “crecimiento por condiciones”. Entre ellas, se establecían paños de al menos 60 hectáreas en los que los desarrolladores debían construir redes viales, áreas verdes, equipamientos y conjuntos habitacionales integrados socialmente con al menos un 8% de viviendas sociales.
En esa época, el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado, decía que las “exigencias excesivas” impactarían el precio de las viviendas. Incluso los urbanistas proyectaban que recién en 2018 (cinco años desde entonces) habría proyectos.
Pero el escenario fue distinto. El secretario regional ministerial de Vivienda, Aldo Ramaciotti, explica que se debió trabajar en un documento aclaratorio para facilitar la concreción de proyectos. “En una mesa de trabajo recogimos parte de los aspectos que se veían dificultosos y de qué manera, sin alterar la norma, podíamos ir interpretándola, de tal manera que pudiese ser más abordable desde las dificultades que ellos planteaban. Por ejemplo, que las 60 hectáreas no debían estar necesariamente juntas en un solo terreno”.
Primeros desarrollos
Zanjadas las divergencias, ya han ingresado seis propuestas de planes maestros a la Seremi de Vivienda: uno en Quilicura, dos en San Bernardo, uno en Puente Alto y dos en Maipú. De ellos, ya se aprobaron dos: el proyecto “Parcela 7”, en Quilicura, que en 63,05 hectáreas permitirá construir 300 viviendas sociales, 4,68 hectáreas de equipamientos y 6,7 hectáreas de áreas verdes. No se especifica el total de viviendas del plan maestro, pues ello dependerá del ritmo de venta de las varias etapas del proyecto.
El otro es el plan maestro “El Mariscal” de San Bernardo. En 99,03 hectáreas suma 26,9 hectáreas de áreas verdes, 6,99 hectáreas de equipamientos, 6,99 hectáreas de equipamientos y 6,39 hectáreas de vialidad. En este proyecto hay 396 viviendas sociales.
Según el seremi de Vivienda, con el trámite de permisos en las direcciones de obras, se pueden proyectar inicios de obras el próximo año, pero los proyectos se entregarán en etapas que pueden prolongarse, al menos, por cinco años.
“Lo que estamos propiciando intencionadamente en esta planificación es que los equipamientos y las zonas se distribuyan lo más homogéneamente posible (…). Esto está avanzando al ritmo al que estos temas avanzan. Antes la expectativas mostraban que antes de tres años estos proyectos se veían difíciles. Seis proyectos en tres años es un resultado bastante positivo”, señala Ramaciotti.
Para Luis Eduardo Bresciani, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, la fijación de condiciones al incremento de la ciudad “es el camino correcto para que pueda crecer sustentablemente. Si estos proyectos cumplen y además tienen un buen diseño urbano, serán un aporte a sus comunas y ayudarán a perfeccionar y consolidar la recientemente aprobada ley de aportes, que permite también a los municipios definir normas condicionadas para nuevos proyectos”.
