Damnificados advierten alza en los arriendos luego de anuncio de subsidio estatal

Por Manuel Valencia.

Gobierno pretende terminar la reposición de casas destruidas en un año:

Ministra Saball responde que el beneficio tendrá un tope de $200 mil para evitar especulación. Plan de reconstrucción iniciará obras en los próximos días y contempla subsidios para restituir 657 viviendas, aunque falta aún el catastro de Santa Olga.

Santa Olga, el pequeño caserío de Constitución que fue reducido a escombros por las llamas de los incendios forestales, se ha transformado en uno de los símbolos de la tragedia que azota al centro-sur de Chile. Entre vigas de hormigón desnudas, trozos de ventanas y fierros retorcidos, la localidad de 900 casas ubicada en el Maule se asemeja a una zona de guerra.

Pero la familia de Pablo Valenzuela no quiere irse. De hecho, es la única que permanece en lo que era su hogar. Cada noche, él, su mujer, tres hijos y un yerno duermen en el “esqueleto” de su propiedad, ocupada hoy por dos carpas y tres sacos de dormir.

“Nos dijeron que nos repartiéramos entre familiares, pero no quisimos. Estamos acá todos juntos. Aunque haya polvo, tierra, humo y entre el frío; esta es nuestra casa. Acá están nuestros recuerdos”, argumenta, mientras come tallarines en un plato plástico, apenas alumbrado por la luz indirecta de los focos de emergencia.

La opción de permanecer obedece también a la necesidad, según Valenzuela. Explica que con el subsidio de $200 mil mensuales que les ofrece el Gobierno para arrendar una casa, simplemente no alcanza. “Hay pocos arriendos y con esto se van a ir los precios a las nubes”, estima.

El fenómeno de inflación en los precios de los alquileres ya se observó en Constitución cuando el gobierno anterior implementó el subsidio de arriendo para damnificados del terremoto y maremoto de 2010. En esa ocasión, el Estado ofreció entre $115 mil y $150 mil mensuales para las familias más vulnerables, pero después del 27-F y ante el anuncio del beneficio, el costo de los arriendos se elevó de un promedio de $120 mil a $180 mil.

Alzas inmediatas

El problema es aún más crítico en comunas turísticas.

Luzmira Farías vivía con sus hijos de 11 y 21 años en el sector de Huiñe, en Vichuquén, también en Maule. Luego de observar cómo una bola de fuego que bajaba del cerro “se llevó la casa”, no tuvo otra opción que mudarse donde unos amigos en el centro del pueblo.

“No creo que pueda arrendar, porque con la plata no alcanza, menos acá que es zona turística, y menos en verano, cuando todo el mundo viene y está más caro. Yo quiero tener mi casa pronto”, insiste.

La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, explica que para evitar la especulación, se fijó un tope de $200 mil a los alquileres.

“En la reunión que tuvimos el miércoles, las personas (damnificadas) nos reportaron que después de que habíamos hecho el anuncio, por supuesto que la gente había subido el arriendo y dijimos que no vamos a respaldar eso. Si hay gente que quiere especular, va a perder, porque no vamos a pagar ningún arriendo por más de $200 mil”, advierte.

Para dar una alternativa, añade, se pondrá un mayor énfasis en el “bono de acogida”, que permite entregarles un subsidio -cuyo monto aún no ha sido determinado- para vivir con familiares y amigos. Asimismo, para quienes no cuenten con redes de apoyo se buscará levantar viviendas de emergencia en sitios prestados.

No más de un año

Según los últimos catastros del Gobierno -que no incluyen a Santa Olga, donde aún se está recopilando información-, entre O’Higgins y Biobío hay 650 viviendas siniestradas. De ellas, 535 tienen daño irreparable y 72 pueden ser arregladas. Casi todas están en zonas rurales.

Como en Santa Olga hay cerca de 900 destruidas, finalmente el saldo de casas arrasadas por los siniestros de la segunda quincena de enero superará las 1.500.

Para restituirlas, el plan de reconstrucción comenzará en los próximos días con obras en el Maule. Según la ministra Saball, la ejecución no debería tardar más de un año, a excepción de las de Santa Olga, que requieren un proceso de urbanización, reposición de redes de electricidad, agua potable y alcantarillado, restitución de pavimentos y la habilitación de nuevos terrenos para reconstruir casas que estaban ubicadas en zonas de riesgo.

En las viviendas nuevas se hará un llamado público que operará como el subsidio de clase media, pero con tipologías de casas rurales, que cuentan con espacios adicionales para labores productivas, como invernaderos, bodegas para miel, establos y otros recintos.

Para las reparaciones se entregarán bonos de materiales durante la semana.

Saball detalla que dentro de las 657 viviendas, el 10% son casas de veraneo o residencias de familias que tenían ya una propiedad y, por ello, no pueden optar a subsidios del Estado.

“En estos casos, actuarán las instituciones como Desafío Levantemos Chile y Hogar de Cristo, porque en esto se ha trabajado en una cooperación público-privada”, concluye.

Limitante
Los damnificados que poseen una segunda vivienda no recibirán subsidios.

”No creo que pueda arrendar, porque con la plata no alcanza, menos acá que es zona turística, y menos en verano”. LUZMIRA FARÍAS Damnificada de Vichuquén

”Si hay gente que quiere especular, va a perder, porque no vamos a pagar ningún arriendo por más de $200 mil”. PAULINA SABALL Ministra de Vivienda