Las lecciones del incendio y la posverdad
Por Alberto Texido Z. y Marcelo Ruiz F. Integrantes Corporación Metropolítica
Lentamente comienzan a apagarse los incendios que azotaron la zona centro sur. Pero aunque los incendios comienzan a menguar, la temperatura de las críticas en las redes sociales, está lejos de disminuir.
Las ácidas críticas fueron aceleradas por las denominadas “posverdades”. Como se sabe, este concepto apunta a aquella información, que si bien no es verídica, coincide con los prejuicios de determinados segmentos de opinión, que sin confirmación se expande con velocidad, influyendo en el debate público. Algo de ello, ocurrió cuando se instaló la idea relativa a que el Gobierno había actuado en forma lenta. En dicho juicio se confunde la conducción política con las evidentes limitaciones e inercias del Estado, frente a la inédita magnitud de la catástrofe.
La última bomba mediática la lanzó el miércoles un reportaje de televisión, que relacionaba a las empresas que proveen el servicio de emergencia con conflictos en materia de colusión en otros países. La explosión de críticas hacia el gobierno no se hizo esperar y el hashtag “Cartel del Fuego” se expandió, exigiéndose la renuncia de cuanta autoridad fuera relacionada.
Por supuesto ninguno de los críticos ha considerado que dichas empresas son contratadas en Chile mediante los procesos de licitación dispuestos en la ley de compras públicas que ampara el portal “Mercado Público”. Para poder inscribirse en dicho portal y participar en una licitación se debe cumplir con una serie de requisitos exigidos por la Ley, las bases administrativas y no tener problemas judiciales dentro del país. Cabe señalar que Mercado Público es un sistema que ha permitido reducir la discrecionalidad en las asignaciones del Estado y es un avance importante del país.
Como puede verse, el juicio rápido en las redes sociales, ajeno a la reflexión y basado en verdades relativas, se transforma en un peligroso fenómeno, toda vez que sumerge la cuestión de fondo que son los problemas del Estado frente al nuevo escenario ambiental; diseminándose la desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas, lo cual termina en anarquismo.
El verdadero desafío que dejan los incendios, es de orden administrativo y exigen una reforma profunda al Estado de Chile. Esta reforma debe adaptar al país, a sus instituciones y leyes al nuevo escenario compuesto por fenómenos tales como el cambio climático, la globalización económica, las transformaciones propias del crecimiento urbano o la revolución tecnológica en marcha.
En este sentido el ámbito de las reformas está básicamente localizado en cuatro dimensiones. La primera es la descentralización, ya que mientras más centralizada es la administración, mayor tiempo tarda la respuesta del Estado en llegar a los lugares donde se focaliza el desastre. La segunda dimensión apunta al fortalecimiento de la planificación territorial, porque son precisamente sus instrumentos, los que permiten mitigar los riesgos y zonificar las actividades productivas. La tercera tiene que ver con nuestra institucionalidad ambiental, que es reciente y debe desarrollarse aún más para lograr que las actividades productivas (como es el caso de la industria forestal), se inserten en un contexto verdaderamente sustentable. La cuarta se vincula con la capacidad de reacción ante la catástrofe, donde se aprecia el acierto de involucrar activamente a las fuerzas armadas para enfrentar la catástrofe, junto al necesario debate respecto a la tecnología que deba incorporarse, como lo demostró la discusión sobre las aeronaves.
Todas estas dimensiones tienen una fuerte incidencia en la equidad social. Como se ha visto, los riesgos ambientales tienen una siniestra correlación con la vulnerabilidad socio-territorial, siendo los más pobres quienes terminan pagando los mayores costos del desastre, eternizando el inconveniente círculo destrucción-reconstrucción.
Esta es la verdadera discusión que debe dejar el conjunto de incendios que hoy parecen extinguirse. No la ventaja política pequeña, que es además de naturaleza cortoplacista. El cambio climático, las debilidades institucionales y los sesgos propios de las redes, no respetarán el color político. Las promesas de aceleración en la gestión, harán poca diferencia, pues el problema se asocia a una institucionalidad que quedó obsoleta frente al desastre. Esperemos entonces que la clase política pueda tomar estos temas con seriedad y aceptar de una vez por todas, la conveniencia de planificar y prevenir por sobre la reacción tardía.
Originalmente publicado en El Mercurio de Valparaíso el domingo 12 de ferbrero.
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