Opinión: Valparaíso, por la contradicción o la fuerza

Por Gonzalo Undurraga y Macarena Carroza. Integrantes Corporación Metropolítica.

Estas últimas semanas a través de la prensa seguimos constatando que la falta de diálogo entre la ciudad y la actividad portuaria de Valparaíso es inminente. Una tendencia errática de la empresa Puerto Valparaíso (EPV), frente a una ciudadanía que algo tiene que decir ante tantas variables que afectarán, indudablemente, la ciudad en el futuro.

En nuestro país, y sin excepción en Valparaíso, la ciudadanía ha madurado en su comprensión del derecho legítimo que tiene frente a la habitabilidad en su territorio, muestra de ello fue que fruto del esfuerzo colectivo, ciudadano y académico por entrar a disputar espacios urbanos vertebrales para la ciudad, como lo es el borde costero, colaboraron para la transformación de estilo y visión municipal, con la victoria de un alcalde que encarna el diálogo y una Alcaldía más abierta y participativa. Evidencia suficiente entonces de que hay un problema de fondo, que no ha sido tratado como corresponde por el Estado. De hecho, la recuperación del borde costero se piensa para el ciudadano común, ese que quiere un puerto competitivo y cooperador. Con portuarios, porteños y turistas. ¿Estará viendo esta nueva realidad la EPV?

La actividad portuaria de Valparaíso sufre la incomodidad de una falta histórica de espacio, en una ciudad que no sin dificultad ha logrado generar una industria turística como alternativa posible de motor de desarrollo económico. Esta disputa se ha radicado en el borde costero entre quienes ven una oportunidad de recuperación económica desde el turismo, entre quienes creen en el desarrollo portuario como prioridad funcional y en otros que entienden que para compatibilizar ambas actividades se requiere un diálogo que permita mejores diseños, para una sana convivencia multifuncional a partir de un intercambio sinérgico.

En ese contexto, el bloqueo realizado por sindicatos de estibadores portuarios a mediados de este mes, que dejaron paralizados a casi 6 mil pasajeros internacionales que debían realizar transbordos, da cuenta de dinámicas internas de todo el sistema, proclives a la suma cero. Más allá de un ejercicio de poder que no mide consecuencias, el bloqueo revela que las condiciones de recalada de los buques de pasajeros no simpatizan con las condiciones de quienes movilizan carga en la zona portuaria.

Pese a las últimas declaraciones formales, se hace incomprensible que si los cruceros tuvieron prioridad sobre los buques mercantes en la ocupación de los frentes de atraque, como imposición legal para los concesionarios de los terminales y así fomentar y garantizar la expansión de la industria turística, hoy, por diversos motivos, ya no la tienen. Esta modificación contractual condiciona la operación futura de recaladas, dado que la discrecionalidad no puede sostener la programación de recaladas de ahora en adelante, dejando la industria de cruceros despriorizada.

Lo anterior sin embargo, es solo un antecedente. La incertidumbre por el no inicio de obras de más de tres años, desde que fue adjudicado al concesionario del nuevo operador del Terminal Dos, ha generado gran nerviosismo en la industria portuaria local. Mientras, un nuevo acceso vial de grandes magnitudes también debe ser evaluado por el SEIA, que incluye soterrar camiones en plena Zona Típica, lo cual abrirá un proceso de gran envergadura de hallazgos arqueológicos de gran importancia patrimonial, condiciona a su vez el antecedente anterior. Todo este plan en cuestión, la única claridad que ofrece para la ciudadanía es que en su ambición no cesa de abrir nuevas variables en el camino para materializarse, abriendo más y más interrogantes.

Pero es en el conflicto con las cargas limpias donde el hilo casi se corta. El disgusto de quienes son parte de la cadena logística, al no permitirse el aforo en la zona portuaria, donde acusan trato desigual y pérdida de competitividad, revela que el puerto está lejos de estar en condiciones abrigadas.

Todo lo anterior da cuenta de una Ley de Puertos que pretende garantizar la competencia, pero que no garantiza evitar la obsolescencia de un Plan de Desarrollo, ya que no estimula canales de cooperación con las ciudades que albergan la actividad. Y no combinar la cooperación con la competencia, en una economía urbana soportada cada vez más por el turismo, puede generar un rechazo transversal a la política portuaria local, ante la evidencia de incompatibilidad entre el discurso y la acción oficial.

¿De que puerto principal hablamos entonces? ¿De uno que ve sucumbir en la competencia, una actividad por sobre otra? O lo que es peor, ¿uno que verá ambas actividades relacionarse desde la agresión destructiva?

No solo existe la oportunidad histórica de un encadenamiento productivo surgido de la declaratoria de UNESCO, junto con la necesidad de expansión portuaria, para la recuperación del otrora puerto principal de Chile. Existe la oportunidad HOY de abrir el diálogo que establezca aquel intercambio diferenciador entre la ciudad y el puerto.

Por eso en estas materias la ciudadanía debe saber exigir a quienes los representan, que la postura frente al desarrollo urbano de la ciudad y el bienestar en ella, sea clara. Por eso es importante validar en nuestras decisiones electorales la participación continua en los procesos urbanos y sociales.

Columna originalmente publicada en El Mercurio de Valparaíso.