US$ 930 millones de la Ley Espejo del Transantiago no se han gastado en las regiones
Por Daniel Inostroza G.
Cifra equivale al 23% de los recursos asignados a este ítem desde 2010, y diputados critican falta de transparencia:
A través de una nueva ley se espera que los gobiernos regionales tengan mayores atribuciones y capacidad técnica para invertir estos recursos.
Pese a que desde su creación, hace siete años, la Ley Espejo del Transantiago busca que los mismos montos inyectados al transporte capitalino sean invertidos en servicios equivalentes en regiones, el espíritu de la ley está lejos de cumplirse: al terminar 2016, los recursos no ejecutados en proyectos de transporte en regiones acumulaban una cifra de US$ 935 millones, que equivalen a un 23% del total.
El monto supera largamente la inversión requerida para algunos de los proyectos más grandes actualmente en ejecución, como la ampliación del Aeropuerto de Santiago (US$ 700 millones), el proyecto Rancagua Express (US$ 730 millones) o la construcción del Puente Chacao (US$ 869 millones).
Los fondos, que deben ser ejecutados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) a través de los gobiernos regionales (Gores), vienen acumulando desde 2010 una sustantiva diferencia entre los recursos disponibles y los efectivamente utilizados (ver infografía). Esa diferencia queda depositada, sin usar, en el Fondo de Apoyo a Regiones (FAR).
El subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, explica que esto se debe a que “hay mucha plata para infraestructura y proyectos de transportes, pero se ha avanzado muy lento en materia institucional”. Ello, porque -asegura- los gobiernos regionales no tienen ni las atribuciones ni el personal técnico capacitado para presentar proyectos de envergadura que permitan ejecutar a cabalidad estos dineros. Agrega que la paradoja de contar con recursos, pero no tener en qué gastarlos, debería subsanarse a partir del próximo año con la promulgación de “la Ley de Transferencia de Competencias a los Gores, que crea una división técnica para la gestión del transporte en cada región”.
Estos recursos en general han financiado la conservación de terminales, mantención de paraderos y luminarias, pero no se han aplicado a grandes obras. Cifuentes dice que para revertir esta situación existen “planes pilotos de divisiones técnicas en las regiones de Arica, Los Lagos, O’Higgins y Magallanes, lo que con la nueva ley se va a replicar a todo el país”.
Si bien los recursos los ejecutan los Gores, un porcentaje de estos está a cargo del Ministerio de Transportes, principalmente para subsidiar tarifas en la locomoción colectiva de regiones, transporte escolar en zonas rurales o conectividad en zonas aisladas. El subsecretario de Transportes, Carlos Melo, confirma que “el FAR es una herramienta donde los recursos se almacenan para buscar iniciativas de inversión mayor, que incluso pueden ser interregionales. Y efectivamente a la fecha no se han usado, porque no se presentan proyectos”.
Agrega que “al fortalecer los equipos técnicos de los Gores se desarrollarán proyectos financiados por el FAR, porque sin duda hoy existe una brecha en sus capacidades”.
El presidente de la comisión de Transportes de la Cámara, Mario Venegas (DC), señala que “esto confirma una sospecha transversal en los parlamentarios de regiones, que hemos pedido a las autoridades (Ministerio de Transportes y Subdere) que entreguen información transparente y objetiva de que efectivamente se cumple el traspaso de recursos equivalente a lo que se gasta en Transantiago, pero nunca se ha entregado con toda claridad”.
El parlamentario asegura que “no se trata solo de un problema de competencias de los Gores, sino que esto ha sido una manera que tiene Hacienda para restarles aportes a las regiones. Y eso es grave, porque significa incumplir la ley”.
Una crítica que es compartida por el diputado Iván Norambuena (UDI), también integrante de la comisión, quien señala que “esto se debe a que la autoridad nunca ha transparentado la forma en cómo se designan estos recursos y solo se han escudado echándoles la culpa a las regiones, de que no tienen proyectos viables. Eso no es efectivo, porque tienen muchos proyectos”.
Norambuena califica esto como “una estrategia para parar la entrega de recursos y no darle importancia a la Ley Espejo, porque obviamente los recursos quedan en Santiago y las regiones siguen esperando”.
